Privilegio e igualdad, valores incompatibles
Tania Martínez

Tlaxcala.- Los recientes escándalos de prominentes dirigentes del partido en el gobierno, Movimiento de Regeneración Nacional, que los muestran disfrutando de un estilo de vida a la que la mayor parte de los mexicanos promedio no puede acceder, han provocado indignación entre varios sectores de la opinión pública.

Hace un par de semanas se publicitó que Ricardo Monreal, coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en la cámara de diputados, desayunaba junto con su esposa en un hotel “exclusivo” de Madrid, España, al mismo tiempo que dejaba de asistir al consejo nacional de su partido (La Jornada, 22/07/25).

También se constató que el actual secretario de educación pública, Mario Delgado, visitaba un lujoso restaurante en un hotel de Lisboa, Portugal; mientras en otra latitud, pero igualmente en un suntuoso club vacacional de Capri, Italia, fueron evidenciados Miguel Ángel Yunes Linares, suplente en el senado de su hijo, el senador Miguel Ángel Yunes Márquez (Infobae, 23/07/25); en tanto el diputado Enrique Vázquez Navarro vacacionaba en otro pomposo club de Ibiza (Infobae, 24/07/25).

A este conjunto de políticos se agregó uno de los casos más polémicos, el de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del líder histórico y fundador del Morena, Andrés Manuel López Obrador. El primogénito de AMLO fue fotografiado en Japón en un hotel de lujo y en una tienda exclusiva, realizando gastos inalcanzables para la mayoría de los mexicanos (Infobae, 28/07/25).

Más recientemente, nos enteramos que el presidente de la mesa directiva en el senado de la república, el morenista Gerardo Fernández Noroña, adquirió un crédito hipotecario para una casa de 12 millones de pesos en Tepoztlán, al que obviamente muchos ciudadanos mexicanos no podrían aspirar, porque les es imposible ser considerados sujetos de crédito de esta magnitud, ni tampoco podrían solventar las dimensiones del mantenimiento de una casa de ese tipo.

Aunque hay quien dice que esto es una cortina de humo para desviar la atención con respecto a, por ejemplo, informar que Genaro García Luna fue señalado por Estados Unidos como un delincuente del nivel de El Chapo Guzmán o El Mayo Zambada (La Jornada, 27/08/25), no se puede desestimar el impacto moral y político del tema para el gobierno, para el partido y para el movimiento de la 4T. Las conductas de estos políticos son la punta del iceberg de un problema estructural que caracteriza a la clase política mexicana y a las altas esferas del Estado, y que tiene que ver con que se han acostumbrado a llevar una vida distante, palaciega y cortesana en el contexto de una sociedad desigual como la mexicana.

No es inmoral la “vida digna”, no es ilegal que gastes “tu dinero” según tus designios, sin importar si trabajas o no “de forma extenuante”, como dice López Beltrán (La Jornada, 6/08/25), quien además de ser hijo de AMLO, cumple la función política de ser secretario de organización del partido Morena.

Lo que ha sido un balde de agua fría para el mexicano promedio que observa este escenario, es que estas conductas contradicen el discurso ideológico de su líder histórico, López Obrador, quien construyó su capital político sobre la base de un discurso moral que enarbolaba la austeridad. Tanto su triunfante liderazgo, que lo llevó a disputar la presidencia en tres ocasiones y finalmente a ocupar el máximo cargo en 2018, como su lograda construcción del Movimiento de Regeneración Nacional, cuyo nombre contiene una impronta moral, fueron “antes que éxitos políticos, victorias éticas” (Consejo Nacional de Morena, 4/05/25), tal como se expresa en los “Lineamientos para el comportamiento ético…” de los miembros del partido.

El reclamo de una “vida digna e igual” sigue siendo una aspiración democrática y de izquierda, pero la vida decorosa e igual en el contexto de una transformación democrática y en consonancia con la ideología de izquierda es incompatible con el privilegio, sobre todo cuando hay millones de mexicanos que hoy mismo viven en la pobreza y en la indigencia, aun cuando trabajen de forma extenuante y gran parte de ellos tenga en su haber años de estudio.

Los años de la transición mexicana a la democracia legalizaron el privilegio a través de la construcción de una “burocracia dorada”, constructora de una idea “oficial” sobre el cambio político en México, la cual ha alegado legalidad cuando ha defendido sus salarios, que salen fuera del estándar del país, o ha argumentado “años de estudio”, como si fueran los únicos que ponen su conocimiento al servicio de la sociedad.

Si la cuarta transformación, tanto como gobierno y como partido, no hace honor a la reivindicación de una de las dimensiones que favorecieron su legitimidad como movimiento, la insatisfacción encontrará lugar en otras opciones políticas, o bien en el desencanto o en la anomia social. El partido Podemos en España y el escándalo de la casa de Pablo Iglesias e Irene Montero, pueden dar cuenta de que escándalos que involucran formas de vida inaccesibles para las mayorías merman la legitimidad de cualquier gobierno, sobre todo si este se declara de izquierda.

En efecto, el problema es tanto moral como político. CB Mcpherson nos recordaba (en La democracia liberal y su época) que lo que la gente piensa o cree acerca del sistema político no es ajeno a éste, sino que forma parte de éste e importa para su futuro. Las creencias políticas determinan los límites y las posibilidades del sistema político, determinan lo que la gente puede aceptar de éste, lo que le puede exigir y su comportamiento dentro de éste.

Si el material humano que hace funcionar el sistema político mexicano, conformado por personalidades públicas, alimenta las creencias previas de la política como negocio, de los altos cargos del Estado como espacios para obtener privilegios, de los partidos como empresas políticas, entonces los horizontes futuros de cualquier proyecto de transformación democrático pierden fuerza y se erosionan.

El “privilegio”, entendido como “derecho exclusivo” sobre algo (Siéyes dixit) es incompatible con cualquier proyecto de transformación democrática y de igualdad social, desmoraliza y desvirtúa la concepción de la política como medio para salir del ostracismo y como forma de apuntalar caminos de emancipación. Y fomentan el rechazo y desprecio hacia quienes participan.

El mensaje que envían estas conductas es que quienes gobiernan y ocupan los cargos del Estado son una minoría distinta, ajena a sus vidas. Conducirse con estilos de vida alejados de la mayoría de los mexicanos, no es propio de un partido político, es un fenómeno estructural que no ha podido encarar y suprimir de forman importante la 4T ni en su partido ni en el gobierno, ni en los liderazgos de su movimiento.

Contrario a las ideas de quienes han defendido la versión oficial de la transición a la democracia, esta forma de gobierno no se construye únicamente en las urnas ni el estado de derecho es la única guía que la respalda. El principio de igualdad social también es uno de los fundamentos de la democracia y lo han despreciado quienes han defendido la democracia, al entenderla sólo como procedimiento y como el medio a través del cual se reconoce la igualdad jurídico-formal de quienes integran la comunidad política, al señalar, por ejemplo, que sus cuantiosos salarios son legales con respecto a los que obtienen la mayor parte de los trabajadores mexicanos, tal como en su momento argumentaron los consejeros electorales del INE.

También han menospreciado este principio miembros notables de la 4T, arguyendo tanto “comodidad”, como el hecho de que ellos solventan con recursos propios tanto viajes aéreos en clase ejecutiva, como lujosos hoteles.

Los lineamientos para el comportamiento ético de los militantes de Morena son claros al respecto y prohíben “signos de ostentación material”, o formas consumistas de vida. Ciertamente, la lucha por la igualdad social plantearía un futuro utópico en que esos estándares fueran universales y no un “derecho exclusivo” para una minoría. Un albañil, un taxista, una empleada doméstica o madre de familia se empeñan en trabajar de igual forma que un dirigente partidario o congresista o funcionario del INE.

Las responsabilidades son distintas y tienen mayor educación, pero de igual forma todos tenemos derecho a una vida digna y desde el poder público democrático el principio de la igualdad debe superar en un proyecto de profundización de cualquier democracia la formalidad de ésta y desde luego vivir con dignidad, sin consumismo. Pero el poder público democrático, aun teniendo mayores responsabilidades, tiene en el propio nombre de la encomienda la igualdad que no sólo es formal.

No es de extrañar que la clase política que gobernaba hasta antes de 2018 pasara por alto estas valoraciones y que buscara conciliar la igualdad jurídica con sociedades desiguales, favoreciendo la concepción de la política como negocio.