AL BORDE
¿Ejecuciones públicas?
Jorge Castillo
Monterrey.- En todas las pantallas vemos las impactantes escenas: lanchas tripuladas explotando en el mar. Las imágenes son difundidas por el gobierno estadounidense como producto de su ofensiva contra los llamados cárteles narcoterroristas latinoamericanos y frente a los que se ha declarado en ‘conflicto armado directo’. Los medios masivos de comunicación transmiten estas imágenes en prime time y las redes sociales las divulgan en trending topic.
Desde el 2 de septiembre pasado hasta la fecha, la Armada Estadounidense contabiliza 13 ataques realizados, 16 embarcaciones hundidas y 63 personas muertas. Once vehículos destruidos en aguas del Caribe cercanas a Venezuela, y cinco lanchas más en aguas del Pacífico cercanas a Colombia (El Universal, 29/10/2025; NMás, 04/11/2025). Según datos de la DEA, la ruta más utilizada para el trasiego de drogas de Sudamérica hacia los EUA es la del Pacífico, con 74% de los envíos, y 16% transita por el Caribe; zona última en donde, curiosamente, se ha incrementado la presencia militar estadounidense con ocho buques de guerra, un submarino nuclear y aviones de combate (BBC News, 31/10/2025).
Más allá del giro narrativo de la política exterior estadounidense en el que se ha reinventado la figura del narcotraficante, agregándole ahora el epíteto de terrorista, para disfrazar sus intereses geopolíticos en América Latina –como su confrontación con el supuesto narcorégimen de Nicolás Maduro– lo verdaderamente preocupante de estos ataques indiscriminados en alta mar es el desenfadado actuar de Trump ante el derecho internacional y humanitario; sistema normativo que ha intentado regular las relaciones internacionales desde hace 80 años.
El gobierno de Trump no ha ofrecido ninguna prueba fehaciente de que las embarcaciones destruidas hubieran transportado estupefacientes, ni que sus tripulantes hayan sido “narcoterroristas”. De hecho, el sobreviviente ecuatoriano de uno de los vehículos atacados, Andrés Fernando Tufiño, no fue procesado legalmente en su país, ya que no cuenta con antecedentes penales y las autoridades no le comprobaron delito alguno (France 24, 21/10/2025).
Con respecto de estos ataques en ultramar el mismo Trump declaró lo siguiente: “…no creo que vayamos a pedir necesariamente una declaración de guerra. Creo que simplemente vamos a matar a las personas que están trayendo drogas a nuestro país, ¿de acuerdo? Los vamos a matar. Ya saben, van a estar muertos.” (BBC News, 31/10/2025). Esta es una amenaza cruda, sin miramientos ni consideraciones y hecha por el máximo líder del “mundo libre”.
Así, sin aprobación del Congreso estadounidense para efectuar esos ataques en aguas internacionales, sin pruebas materiales de los restos de droga o de armas de las embarcaciones destruidas, sin brindar ningún indicio incriminatorio sobre sus tripulantes, sin otorgarles ningún beneficio procesal en caso de que realmente hubieran cometido algún delito, y sólo citando supuestos informes de inteligencia militar que identifican estos objetivos como narcolanchas, ya varios actores políticos y organizaciones internacionales, junto con voces de expertos, coinciden en que el gobierno de Trump está cometiendo ejecuciones extrajudiciales a plena luz del día y frente a toda la comunidad internacional.
En este sentido, ¿qué tan diferentes son estos ataques de aquellas antiguas ejecuciones públicas de criminales o disidentes con las que se advertía a los asistentes que no debían desafiar las leyes o a la autoridad soberana en turno?; ¿acaso las podríamos distinguir porque se realizaban conforme un proceso judicial justo o prejuiciado o amañado? ¿Qué tan diferentes son estos ataques de las ejecuciones de enemigos grabadas en video y difundidas en internet por los maléficos yihadistas o por los bestiales narcos, quienes no solo pretenden humillar y atemorizar a sus rivales, sino también buscan aterrorizar a toda una población para que se les someta? ¿Acaso somos testigos, con un click, de una ancestral técnica de disciplinamiento pero con diferente formato?
Pareciera que estos ataques no responden a esa arcaica figura sacrificial del ‘chivo expiatorio’ que ayudaba a reestablecer el orden y la moral del grupo y los cuales habían sido trastocados por un acto ilícito. Probablemente estos ataques pretenden constituir un nuevo orden, un orden diferente al ya establecido, donde los previos marcos éticos y legales internacionales de batalla ya no operan igual, pues se procura imponer nuevos marcos operativos acordes con los intereses de sus promotores. Aquellos que quieren ejercer un dominio arbitrario y absoluto sobre otros, quienes despliegan libremente su sobrada y asimétrica capacidad de fuego según su conveniencia; no olvidemos Hiroshima, Nagasaki y la ‘Operación Causa Justa’ en Panamá.
Pero insisto. ¿Será que Trump quiere que presenciemos en 4K y on demand los ataques a las “narcolanchas” como si fueran “actos de justicia públicos” con los que se castiga a los criminales, azotándolos con misiles de última generación que, desmedida y espectacularmente, los borran del mapa, purificando así a la sociedad estadounidense de las pecaminosas y nocivas drogas que la afectan? ¿O más bien son actos despóticos unilaterales sin ninguna legitimidad y fuera de toda convención y proporción táctica pues no hay reportes de que la armada estadounidense haya recibido fuego mortal de alguna de esas lanchas?
En todo caso, son las fuerzas armadas y de seguridad de los países latinoamericanos las que sí están en genuina guerra abierta –simétrica y bilateral– contra el narco, pues son las que, día con día, ponen los muertos como consecuencias inevitables de la política antidrogas estadounidense impuesta en todo el continente desde hace, por lo menos, 50 años. Y ni que decir sobre los inconmensurables “daños colaterales” –muertes y desapariciones de civiles– que también ha provocado esta infausta política.
Además de ser actos de provocación dirigidos a las soberanías territoriales de los gobiernos de izquierda de Venezuela y Colombia, tal vez esos ataques marítimos también son simples actos malévolos de un irresponsable empresario carismático de extrema derecha que no respeta los contrapesos democráticos que lo llevaron al poder político, ni cree en los derechos individuales y civiles de sus conciudadanos, y mucho menos respeta normativa nacional e internacional alguna, ni los derechos ni la vida de nadie. Un tipo desalmado y tiránico que se siente omnipotente y quien, bajo la luz divina y el manto sagrado de MAGA, pretende restaurar un antiquísimo orden moral de poder: el “suyo propio”, según su propia y exclusiva preeminencia.
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